Son las 15:00 h. del 16 de octubre de 2017. Un Peugeot 108 gris oscuro avanza, colina abajo, por una carretera comarcal en las afueras de la aldea de Bidnija (Malta). El asfalto, con una línea continua dibujada en el centro, discurre entre algunos olivos, arbustos y terrenos baldíos divididos por niveles en terrazas. Al volante del coche va Daphne Caruana Galizia, una periodista de 53 años. Ha pasado la mañana escribiendo en su blog frente al ordenador en la mesa del comedor de su casa, sentada cerca del mayor de sus tres hijos, Matthew, de 32 años. Daphne ha apurado hasta el último minuto antes de su cita en el banco. Tanto que, al salir de casa, ha olvidado coger el talonario de los cheques, por lo que ha tenido que regresar a por él. Ahora conduce rápidamente hacia el sur. Alguien la está observando. De repente, una explosión en el coche lanza humo blanco y escombros. Daphne comienza a gritar, pero justo en ese instante ocurre una segunda explosión, mucho mayor, que convierte el vehículo en una gran bola de fuego que vuela varios metros por los aires, hasta acabar en uno de los terrenos baldíos de alrededor. Una bomba lapa adosada al coche bajo el asiento del conductor acaba de terminar con la vida de una de las periodistas de investigación más incómodas para el poder de Malta.

Sólo diez días antes, Daphne Caruana había denunciado que recibía amenazas de muerte. En realidad, llevaba casi toda su carrera investigando la corrupción y el crimen organizado en su país. Ella fue clave, por ejemplo, en la investigación de los Papeles de Panamá en Malta, que salpicaron al actual gobierno laborista de Joseph Muscat (quien, curiosamente, ejerció durante un tiempo de periodista). Caruana estaba acostumbrada a trabajar entre amenazas. En 1995, su perro apareció degollado a las puertas de su casa tras haber publicado un reportaje sobre un narcotraficante. Durante la campaña electoral de 2008, tanto el partido laborista como el nacionalista la acusaron de intentar favorecer al rival. Iniciaron entonces una campaña de desprestigio que culminó con su rostro empapelando vallas publicitarias. El caldo de cultivo que culminó con su asesinato estaba servido.

La bomba lapa acabó con su vida, pero no con su trabajo. Quisieron callarla y sólo consiguieron darle más voz: hoy, 45 periodistas de 15 países continúan con las investigaciones de Daphne Caruana. Es lo que se conoce como The Daphne Project y aglutina a 18 medios de comunicación, entre ellos The Guardian, The New York Times, Reuters, la Repubblica o Le Monde. Está comandado por la ONG Forbidden Stories, cuya labor es dar seguimiento y publicar el trabajo de periodistas que no pueden seguir desarrollándolo porque han sido amenazados, encarcelados o asesinados.

Imagen: UNESCO

El caso de Daphne Caruana no es aislado. El pasado octubre, el periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post muy crítico con el régimen de su país de origen, fue asesinado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía). Un caso que sacudió tanto los cimientos de la diplomacia europea hasta el punto de que Alemania suspendió la venta de armas al reino saudí y pidió al resto de los socios de la UE que hicieran lo mismo. El gobierno español se negó. Arabia Saudí es en la actualidad el quinto mayor comprador de armas españolas. Y el AVE a La Meca sólo es la punta de un iceberg que pesa unos 17.000 millones de euros en los últimos años para las grandes constructoras españolas.

Turquía es, de hecho, uno de los puntos calientes para la prensa a las puertas de Europa. El pasado enero, la reportera Pelin Ünker fue condenada a 13 meses de prisión y a pagar una cuantiosa multa por «insulto y difamación» tras haber participado en la investigación de los Paradise Papers turcos. Ünker trabaja para  el diario independiente turco Cumhuriyet, que fue demandado por el poderoso yerno del presidente Erdoğan, Berat Albayrak, nombrado recientemente ministro de Finanzas. En noviembre de 2017,  Cumhuriyet publicó que los dos hijos del ex primer ministro Binali Yildirim eran los principales beneficiarios de cinco navieras registradas en Malta para evadir impuestos. En Turquía también se ha sentenciado recientemente a algunos periodistas a cadena perpetua, como a los hermanos Ahmet y Mehmet Altan, a quienes el fiscal acusó de haber «empleado la fuerza de forma inmaterial». Los hermanos Altan criticaron a las autoridades turcas durante una emisión televisiva difundida la víspera del intento fallido de golpe de Estado en julio de 2016.

Foto: Edward Echwalu

En 2018, 63 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, según la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF). Es un 8% más que en 2017. Pero hay una novedad en el fenómeno de menoscabo de la libertad de prensa: su traslación a Europa desde países en vías de desarrollo o donde existen conflictos enquistados. Estábamos más que acostumbrados a recibir noticias desde Venezuela, donde en el actual conflicto ha habido varios periodistas extranjeros detenidos desde el pasado 25 de enero (por más que Nicolás Maduro lo negase en su última entrevista con Jordi Évole), entre los que fueron apresados cuatro españoles de la agencia EFE.

También estamos acostumbrados a que nos lleguen esas noticias desde México. Allí, nueve periodistas fueron asesinados en 2018. Por algo ocupa el puesto 144 de un total de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que cada año elabora RSF tras analizar varios factores: pluralismo de los medios, transparencia, independencia, clima laboral y de autocensura, marco legislativo, infraestructuras y agresiones. En 2017, México fue el segundo país donde asesinaron a más periodistas, tan sólo detrás de Siria: 11. Desde el año 2000 suman más de 130. La mayoría de esos crímenes han quedado impunes, debido a la corrupción y al vínculo con el narcotráfico que caracteriza a los gobiernos locales mexicanos. El 15 de mayo del año pasado asesinaron a Javier Valdez Cárdenas en Culiacán (Sinaloa), quien precisamente había escrito un libro sobre las dificultades de la prensa en su país ante el narcotráfico, titulado Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia.

Imagen: Statista

Por desgracia, llevamos años recibiendo noticias de periodistas asesinados en Siria, con la diferencia que en ese caso sí es un país en guerra. Representa, de hecho, el país más mortífero para los periodistas en 2018. ¿Nadie se ha preguntado por qué ya apenas recibimos información del conflicto en Siria? Porque no hay nadie allí para contarlo. Casi todos los informadores internacionales se marcharon; los pocos que quedan son periodistas locales que se juegan la vida cada vez que tratan de hacer su trabajo y, en muchos casos, ni siquiera son profesionales. Algunos de ellos están contaminados por las partes en conflicto.

De hecho, la mayor parte de los periodistas asesinados o encarcelados no son corresponsales de guerra, sino informadores locales que viven en situaciones de peligro. Y son muchos los que están en la diana, ya que según el último informe de RSF, sólo una cuarta parte del mundo protege la libertad de prensa.

En el libro Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar (Los libros del lince), publicado en 2009, el periodista estadounidense Terry Gould examinaba de forma exhaustiva el caso de siete periodistas asesinados en diferentes países: Guillermo Bravo Vega en Colombia, Marlene García-Esperat en Filipinas, Manik Chandra Saha en Bangladesh, Anna Politkovskaya, Valery Ivanov y Alexei Sidorov en Rusia, y Khalid W. Hassan en Irak. Pero, ¿qué ha ocurrido en la década que ha transcurrido desde que se editó ese libro para que la amenaza a los medios haya llegado hasta ese supuesto crisol de democracias que es la Unión Europea? El punto de inflexión lo compuso, probablemente, el atentado a la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo en enero de 2015. «Ellos llevaban escolta desde hacía años», asegura la eurodiputada del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) Maite Pagazaurtundúa. «A veces se nos olvida que estas cosas están pasando en Europa».  Desde entonces, y aunque Europa occidental sigue siendo el área del mundo con una mayor libertad de prensa, la situación sólo ha empeorado.

«Hemos titulado el informe de 2019 como El mecanismo del odio» , explica Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. «Se está menospreciando a los periodistas, considerándolos en ocasiones como enemigos del pueblo. Es una fórmula que le gusta mucho a Donald Trump, pero dentro de Europa también la emplea el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, y además se usa en Polonia, República Checa o Eslovaquia. Este discurso que pone a los periodistas en el objetivo hace que los mafiosos acosen, maltraten o incluso los asesinen. En el caso de los chalecos amarillos de Francia también ha habido acoso, amenazas, golpes e insultos a periodistas, que han tenido que cubrir los acontecimientos con protección especial. Este clima de odio y menosprecio al periodista muchas veces degenera en violencia».

Escalada del odio

Los asesinatos y desapariciones son el último eslabón de una cadena que comienza con el lenguaje. Un año y medio antes del asesinato del periodista Jan Kuciak, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, llamó «sucias prostitutas» a los periodistas críticos con la gestión de fondos de su gobierno. Al presidente de la República Checa, Milos Zeman, no se le ocurrió otra cosa en octubre de 2017 que sacar una una falsa kalachnikov en la que se leía el mensaje: “para los periodistas» en una rueda de prensa, tal como pueden ver aquí debajo. También les ha llamado «bastardos» y «hienas».

Foto: Blesk

En Italia, Luigi di Maio, líder del partido M5E, ya es conocido por su mala relación con la prensa en general y con el diario La Repubblica en particular. Por su parte, el pasado octubre, el vicepresidente del país, Matteo Salvini (Liga Norte), llamó a algunos periodistas «perezosos que no ven más allá de los titulares». Además, después de que el periodista Roberto Saviano (célebre autor de Gomorra) criticase la política migratoria del gobierno italiano, Salvini lo amenazó con quitarle la protección policial que tiene desde hace varios años y que, por ejemplo, le salvó la vida a su colega Paolo Borrometi en mayo de 2018, cuando la policía frustró un plan de la mafia siciliana para asesinarlo. Cerca de veinte periodistas viven en Italia con escolta permanente.

En Francia, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido Francia Insumisa, aseguró que el odio a los periodistas es «sano y justo». Durante la campaña electoral de 2017, Mélenchon calificó a un periodista de France 5 como «sucio bastardo» y «perro» y se refirió a France 2 como «el enemigo».

Incluso en Suecia, hasta ahora un oasis para la libertad de prensa, se ha observado un aumento en el acoso en Internet a los periodistas que investigan el crimen organizado o los asuntos más turbios de la Iglesia.

Así, estos políticos se han unido al ya amplio grupo de mandatarios que, con Donald Trump a la cabeza, atacan a la prensa empleando un tono lleno de odio. Uno de los últimos episodios de este tipo protagonizado por el presidente de Estados Unidos ocurrió en noviembre, cuando Trump volvió a cargar contra el periodista de la CNN Jim Acosta tras ser preguntado por la caravana de migrantes. «Eres una persona grosera y terrible. No deberías estar trabajando para la CNN», le espetó el presidente. Como buen demogogo, el nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair M. Bolsonaro, también se ha unido al club de políticos contra la prensa. En octubre, Bolsonaro amenazó por Twitter al periódico Folha de São Paulo después de que publicase que un grupo de empresarios afines la extrema derecha había financiado el envío masivo de propaganda a favor de él, lo cual supone un delito electoral.

Populismos y redes sociales: una bomba de relojería

El fenómeno del menosprecio a los periodistas coincide con el ascenso generalizado de los populismos de todo tipo en Europa. Junto a ello, Internet y las redes sociales han creado el caldo de cultivo perfecto para las ya célebres fake news (bulos o noticias falsas). «El medio más influyente ya no es la televisión, son las redes sociales» , aseguraba el periodista Ignacio Ramonet en una charla en La Casa Encendida (Madrid) el pasado 15 de noviembre. «Ya no importan los hechos, importan los sentimientos». Ramonet recordaba en el mismo acto el caso de Ending the Fed, una comunidad de Facebook creada en Rumanía para distribuir noticias falsas, muchas de las cuales fueron empleadas por Trump en la campaña electoral que le dio la presidencia. La imagen de Facebook al respecto está tan dañada que ya ha tomado medidas para atajar las fake news que corren como la pólvora por sus entrañas.

«Los fenómenos de filtro de las redes sociales motivan la creación de burbujas en las que las personas no acceden a la verdad o a los puntos de vista que consideran molestos o inapropiados», planteaba Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, en el prefacio del informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios correspondiente a 2017/2018.

«Hay líderes políticos que utilizan un discurso maniqueo, buscando chivos expiatorios y con frases simples para problemas complejos», dice Alfonso Armada. «Los periodistas que no son corifeos de ese discurso, son humillados. Quieres tratan de argumentar y ponderar con datos, son señalados y menospreciados. El mensaje de conmigo o contra mí ha calado en la política y en el Periodismo».

Los nacionalismos que tan a menudo acompañan a los populismos tampoco han puesto las cosas fáciles en la pluralidad de la información. Gran parte de los medios han prescindido de muchas corresponsalías y de enviados especiales, de modo que toda la información internacional queda en manos de unas pocas agencias, lo cual también afecta a la libertad de prensa. «Hay menos corresponsales también porque hay una vuelta a la preocupación sólo por lo propio y desentenderse de lo ajeno», explica Armada. «Se dedican muchos recursos a hablar del propio país. Eso repercute negativamente a la hora de entender la complejidad del mundo. Hace falta más mirada exterior».

Eslovaquia

Posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019: 35/180 

Jan Kuciak, un periodista eslovaco de 27 años que investigaba vínculos entre políticos de su país y la mafia calabresa para el portal de noticias Aktuality.sk fue asesinado a tiros en su casa junto a su novia en febrero de 2018. No lograron callarlo: el artículo que preparaba en el momento de su asesinato fue publicado por la web para la que trabajaba. En él, aseguraba lo siguiente:

«Los italianos vinculados a la mafia encontraron un segundo hogar en Eslovaquia: han empezado a hacer negocios, recibir subvenciones, obtener fondos europeos, pero, sobre todo, a establecer relaciones con personalidades políticas influyentes, hasta el Gobierno eslovaco», explicaba Kuciak. «Tenían o siguen teniendo decenas de empresas, cuyo valor asciende a decenas de millones de euros».

Kuciak investigaba, entre otros, al primer ministro y al ministro de interior, Robert Kaliňák, quien ha sido acusado de encubrir operaciones fraudulentas de un importante empresario, Ladislav Bašternák. Uno de sus socios amenazó, casualmente, al periodista asesinado. El ministro de interior le quitó importancia a esas amenazas. Hoy, la investigación sobre el asesinato de Kuciak depende de él.

No es el único caso ocurrido en Eslovaquia. El periodista freelance de investigación Pavol Rypal, que indagaba sobre la mafia, desapareció de la faz de la Tierra el 22 de abril de 2008. Y Miroslav Pejko, del diario eslovaco Hospodárske Noviny, permanece en paradero desconocido desde 2015.

Bulgaria

Posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019: 111/180

El tercer caso que ha disparado las alarmas de la prensa en Europa ha sido el de Victoria Marinova. Era una presentadora de televisión búlgara de 30 años que fue violada y asesinada el pasado 6 de octubre. Su cadáver apareció a la orilla del Danubio en una ciudad al norte del país con el rostro tan desfigurado que las autoridades tardaron varias horas en poder reconocerla. Tan sólo ocho días antes había desvelado en su programa, emitido en una televisión privada local (y realizado con ayuda de un plan del Parlamento Europeo llamado #IJ4EU para apoyar el periodismo de investigación) , los resultados de una investigación sobre una trama de corrupción en la construcción de carreteras empleando fondos europeos. Entonces entrevistó al periodista rumano Attila Biro y al periodista búlgaro Dimitar Stoyanov, quien es socio de WikiLeaks y se ve obligado a pasar cada vez más tiempo fuera de su país por razones de seguridad. Bulgaria es hoy, según Reporteros Sin Fronteras, el peor país de la Unión Europea en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2019. Según RSF, «los periodistas búlgaros suelen verse atrapados entre las tenazas del crimen organizado y el gobierno, que lejos de defenderlos los persigue».

España

Posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019: 29/180

¿Qué ocurre en nuestro país? Si bien aquí no matan ni encarcelan a los periodistas por el hecho de informar, la profesión sí se ha visto seriamente afectada por otros factores. El más relevante de los últimos meses es la situación que se vive en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. «En los últimos 18 meses se han registrado cerca de 40 casos de ataques a periodistas en Cataluña», declara Alfonso Armada. «Percibimos muchos periodistas que acudían a nosotros porque se sentían acosados debido al menosprecio y a un escrutinio excesivo en las redes sociales».

Por suerte, esta presión hacia los informadores en Cataluña ha disminuido en los últimos meses, razón por la que España ha podido mejorar dos puestos, pasando del 31º en 2018 al 29º en 2019. «Aunque sigue habiendo problemas», recuerda Armada. «Sigue pendiente la reforma de la radiotelevisión pública catalana; quedó en suspenso con el cambio de gobierno».

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Rajoy y conocida como la ley mordaza, no ha sido abolida ni modificada por el gobierno socialista. «De hecho, ha sido utilizada para otras políticas, como las devoluciones en caliente», asegura Alfonso Armada.

En nuestro país también se han dado casos desde 2016, como el de las condenas a raperos y tuiteros (que le valió a España un toque de atención por parte de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic), o la polémica generada en torno al humorista Dani Mateo, que terminó siendo imputado por «un delito de ofensas y de odio». Estos casos han puesto en entredicho la libertad de expresión, un pilar fundamental para la libertad de prensa.

En Palma de Mallorca, el pasado diciembre un juez ordenó requisar los ordenadores y teléfonos móviles de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca debido a una filtración en el caso Cursach. «Nos parece una intromisión inaceptable en el trabajo de los periodistas», sentencia Armada.

En la reciente campaña para las elecciones generales, el partido de ultraderecha Vox aseguró que, si ganaba, cerraría laSexta. También expulsó del chat del partido a un grupo de periodistas, del grupo PRISA, El Español y eldiario.es. Afortunadamente, el 28A Vox apenas cumplió un tercio de sus expectativas.

España, en el listado de Reporteros Sin Fronteras, ocupa un puesto inferior a tres países africanos: Cabo Verde, Namibia y Ghana. «A veces los españoles miramos a África de forma despectiva y metemos a todos los países en el mismo saco, cuando vemos que algunos nos ganan en cuestiones como la transparencia».  Y nuestros vecinos de Portugal, a quienes también miramos por encima del hombro demasiado a menudo, se sitúan entre los primeros países con mayor libertad de prensa de todo el mundo.

¿Hay soluciones?

El problema es complejo y, por tanto, las soluciones no son simples. Maite Pagazaurtundúa elaboró el pasado octubre un informe en el que pedía una mayor protección para los periodistas de investigación y sus fuentes. En noviembre, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) pidió que los periodistas de investigación y los funcionarios públicos sean incluidos en el ámbito de aplicación de la futura Directiva de protección de Denunciantes.

«El asesinato de esos periodistas en los últimos años en distintos países de Europa nos han obligado a reaccionar», explica la europarlamentaria Pagazaurtundúa. «Pero nos costó que la Comisión Europea entendiera que necesitábamos una directiva de protección de personas que conocen sucesos graves y a las que tenemos que proteger. Es fundamental tener cauces de denuncia seguros, para prevenir tener que escoltar después a esos informadores». Esta eurodiputada recuerda con acierto que la fuente de los Papeles de Panamá nunca se desveló, por fortuna. «Nos permitió, por primera vez, tener una foto fija de cómo se hacía trampas a todo el sistema. Si esa fuente llegase a conocerse, no creo que pudiera sobrevivir. Los periodistas de investigación son héroes. Y, por tanto, tenemos que protegerles. Son problemas transnacionales y, por tanto, necesitan una solución transnacional», dice Pagazaurtundúa.

«Además, desde hace muchos años existe en París una asociación llamada La Maison des Journalistes que se dedica a acoger a periodistas que tienen que escapar de países como China, Rusia o Turquía o cualquier otro lugar del mundo donde no pueden ejercer su trabajo con libertad», recuerda Pagazaurtundúa.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la precarización de la situación de sus trabajadores y colaboradores son otras de las amenazas a las que se enfrenta la libertad de prensa en Europa. Los corresponsales de hoy son periodistas freelance que, además de tener que pagarse todos los gastos que supone el acudir a una zona de conflicto, se juegan la vida por 35 euros por pieza… en el caso de que se la publiquen. Y ahí sí que los ciudadanos de a pie podemos contribuir a la solución. De igual modo que nadie entra en una tienda y se lleva una barra de pan sin pagar, tampoco debería esperar que el acceso a la información funcione de tal modo. La información de calidad cuesta y, por tanto, hay que pagarla. «Ejemplos como The New York Times, Financial Times o, en nuestro país, eldiario.es demuestran que se puede hacer información de pago y tener éxito», asegura Alfonso Armada.

Dado que en España llevamos muchos años (de uso de Internet) ofreciendo toda la información gratis, puede que pagar por la información les parezca a mucho algo caro. Pero más caro es contribuir a que la libertad de prensa se vaya degradando en nuestro entorno y, con ella, las democracias que componen la base de nuestras sociedades.