Doscientos años hace hoy que se aprobó la primera Constitución en España. Doscientos años del nacimiento de la ciudadanía española como tal y del fin de la concepción del pueblo como súbdito. Otros regímenes, algunos más abominables que otros y debido a los cuales nuestra democracia tiene 36 años y no 200, abolirían el texto más adelante. Eso demuestra que, pese a la concepción de la Historia de la Humanidad como una continua evolución, el camino está plagado de pasos atrás. Y el momento que vivimos es el vívido ejemplo de ello.

Verán ustedes en todos los medios que estos días los políticos celebran este bicentenario como si ellos mismos hubiesen redactado el texto de marras. O como si siquiera cumpliesen con las bases que dicho texto establece. Lo cierto es que no, sino que por contra, están dinamitando en un tiempo récord lo que la celebrada Pepa establecía, sin saberlo, como el precedente del Estado del Bienestar. He aquí algunos ejemplos comparativos que ilustran esta especie de teoría de la involución social de la que hablo:

> 1812: El título IX de la Constitución de 1812 plantea la educación básica como una obligación del Estado. Además del catecismo, se había de enseñar los valores civiles.

> 2012: La educación pública es uno de los principales objetivos de los recortes en nombre de la crisis económica. La Comunidad de Madrid hace un par de años que ya tiene más colegios públicos que privados. La asignatura de Educación para la Ciudadanía, que instruye en valores civiles, ha sido abolida. La asignatura de Religión continúa gozando de privilegios.

> 1812: El artículo 339 establece los impuestos en función de las facultades de cada uno y deja claro que no debe haber excepciones ni privilegios. 

> 2012: Casi un 80% de las empresas del Ibex-35 operan de un modo u otro en paraísos fiscales. La economía sumergida en España ronda los 245.000 millones de euros, lo que constituye el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta que el mayor ajuste de la democracia (ese que se ha saldado con colegios públicos saturados o salas de quirófano cerradas) es de unos 37.500 millones de euros, saquen las cuentas ustedes mismos. Pero no se equivoquen: un plan antifraude, por fuerte que sea, no eliminaría dicho fraude, aunque sí lograría situarnos en la media europea y recaudar así algo más de 38.000 millones de euros al año. Si se preguntan si el actual Gobierno tiene previsto un plan antifraude en condiciones, la respuesta es no.

> 1812: se eliminan las unidades territoriales existentes hasta entonces para crear en cada provincia una Diputación. Por tanto, las diputaciones no son, como algunos dicen, un invento de Franco. La Pepa parte, en este sentido, de una concepción de igualdad entre todos los españoles.

> 2012: las diputaciones se han convertido en un anacronismo al margen de la distribución de competencias en el régimen de comunidades autónomas (régimen cuyas perversiones está creando españoles de primera y de segunda). Son instituciones inservibles. Inservibles para el pueblo, quiero decir, que no para la clase política más mediocre, que ve en ellas un coladero de enchufes. Acabar con ellas ahorraría unos 10.000 millones de euros. PSOE y UPyD llevaban en sus programas electorales de 2011 la supresión de las diputaciones. Ninguno de ellos ganó las elecciones generales.

> 1812: La Pepa excluía al Poder Judicial de la política. Fue uno de los aspectos en que estuvo más avanzada, ya que iba más allá de lo planteado en España por aquel entonces, garantizaba los derechos de la incipiente ciudadanía y sentaba las bases del Estado de Derecho moderno. 

> 2012:  El escándalo Garzón como paradigma cuestiona si realmente existe en la España actual una separación de poderes real y efectiva y, por tanto, cuestiona las bases del Estado de Derecho. La misma Iglesia que incluyó a El espíritu de las leyes de Montesquieu (obra cumbre del trias politica) en su Index Librorum Prohibitorum goza hoy de privilegios validados por textos preconstitucionales.

La Constitución de 1931, que rigió la Segunda República hasta el golpe de Estado de 1936, desarrolló muchos aspectos de La Pepa. La actual Carta Magna también es deudora del texto aprobado en el Cádiz asediado por Napoleón. Son productos de un pensamiento ilustrado hoy en declive. El liberalismo ha dado paso al neoliberalismo. El concepto de lo público retrocede ante el avance imparable del auge de lo privado, y el individualismo es la estrategia subyacente en una sociedad globalizada. La ciudadanía ha dejado de creer en la igualdad como un fin deseable y alcanzable. Los valores en los que fue auspiciada la Constitución de 1812 viven horas muy bajas, no sabemos muy bien si de reformulación o de simple extinción.

No me digan pues que no hay Pepas que envejecen mal.